Por la transparencia y la integridad en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires
6. 10. 2023
En los últimos días se hizo público un caso que involucra a un empleado de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires (PBA) en la recaudación de más de un millón de pesos correspondientes a casi 50 contratos de locación de servicios. En un fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, se anuló la causa bajo el argumento de que la actuación policial al momento de los hechos había estado viciada.
Este caso lamentablemente no es excepcional. Existen numerosos antecedentes que conectan la gestión del empleo público (contratos “fantasma” y/o de escasa trazabilidad, sobresueldos y otros) con el financiamiento de la política. Estas prácticas de uso discrecional del dinero público para la “caja de la política” se han normalizado a lo largo de las últimas décadas y son transversales a distintos espacios políticos, tanto en el estamento legislativo como en otras ramas del Estado. Además, las respuestas dadas por la justicia suelen ser insuficientes, o tardías por conflictos de procedimiento o de competencia, lo que las torna inefectivas.
Casos como estos se derivan, de manera directa, de los déficits de transparencia que caracterizan a la Legislatura bonaerense en sus dos Cámaras. Para empezar, no existe en la Provincia de Buenos Aires una ley de acceso a la información pública que garantice el efectivo cumplimiento de este derecho.
Por otro lado, el debate y la aprobación de su presupuesto no es claro ni abierto a la participación ciudadana. En la misma línea, sigue siendo muy difícil acceder a información desagregada sobre las partidas presupuestarias y su ejecución.
A ello se suma que existen márgenes extremos de discrecionalidad que la Legislatura se da a sí misma. En este sentido, la ley de presupuesto anual prevé el destino de partidas para la celebración de contratos de locación de servicios en todas las áreas, incluyendo los bloques políticos, donde la solicitud puede realizarse a simple requisitoria de sus respectivos presidentes. La definición del monto es una atribución de la presidencia de la Cámara.
Por último, las dos Cámaras incumplen con la actualización de la información sobre las DDJJ que por ley todos los/as diputados/as y senadores/as, secretarios/as y pro-secretarios/as de las cámaras, directores/as y subdirectores/as, y personal que interviene en el manejo de fondos públicos, están obligados/as a presentar anualmente. La última actualización de la Cámara de Diputados corresponde al 2018. Actualmente, no es posible acceder a las declaraciones juradas del Senado.
Para evitar que este tipo de casos se reiteren es necesario impulsar políticas que tengan como objetivo garantizar la integridad y transparencia en la Provincia de Buenos Aires. Desde Impactar se invitó oportunamente a los legisladores y las legisladoras provinciales a expresar su compromiso para impulsar los debates necesarios para la sanción de una ley de acceso a la información pública, una ley de transparencia presupuestaria y una ley de ética pública. En los primeros dos puntos no se han producido avances. En cuanto al tercero, hay un proyecto de ley de ética pública que recibió aportes de la sociedad civil. Sin embargo, su último movimiento y consideración legislativa es de diciembre de 2022.
Por todo lo expuesto:
- 1. Exhortamos a la presidencia de la Cámara de Diputados de la PBA y a todos los bloques políticos a abrir a la ciudadanía los siguientes datos: nómina de personal de planta permanente, planta temporal o transitoria y contratados, con especificación de su nombre, fecha de incorporación, duración del contrato (si corresponde), dependencia, despacho o bloque políticos al que está adscripto, valor y cantidad de los módulos.
- 2. Solicitamos a la presidencia de ambas Cámaras y a los legisladores y las legisladoras, que garanticen de cara a los y las bonaerenses la transparencia presupuestaria, incluyendo la apertura del proceso de aprobación de su presupuesto anual.
- 3. Solicitamos al cuerpo legislativo de la PBA a impulsar debates abiertos y participativos para que la Provincia pueda finalmente contar con leyes de acceso a la información pública y de ética pública, adecuadas a los estándares internacionales.
- 4. Instamos al Poder Judicial a realizar una investigación exhaustiva, abierta el control social y expeditiva sobre los hechos en cuestión y partes, ya sea que se trate de autoridades de la Legislatura, legisladores/as, secretarios/as, personal legislativo o instituciones financieras a través de las cuales se canalizaron los pagos.
