¿Qué podría hacer la Oficina Anticorrupción en el caso de $LIBRA?
21. 02. 2025
El Presidente de la Nación pidió la intervención de la Oficina Anticorrupción en el caso $LIBRA en el cual se encuentra involucrado: «Instrúyese a la OA, organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, para que inicie las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades y, en su caso, las pertinentes denuncias ante el Poder Judicial, relacionadas con el criptoactivo denominado $Libra”.
El ámbito natural en el que se va a investigar el caso es la Justicia Federal, y la causa recayó en la jueza María Romilda Servini y en el fiscal Eduardo Taiano. Será la Justicia la que determine finalmente la responsabilidad y la participación del Presidente o de algún otro funcionario/a.
Sin embargo, de acuerdo con la experiencia en casos de corrupción, el proceso será largo. En promedio este tipo de causas tardan 14 años en llegar a un resultado. Al mismo tiempo, el día 20 de febrero, el Senado de la Nación rechazó sobre tablas la posibilidad de llevar adelante una investigación propia, a pesar de la relevancia nacional e internacional del caso.
¿Puede la Oficina Anticorrupción llevar adelante un trabajo serio en el caso $LIBRA mientras la Justicia federal avanza?
Es histórica la discusión sobre si la OA es una institución de asesoramiento, de prevención o de litigio en casos de corrupción. Sabemos que tiene un problema de origen: su máxima autoridad es designada por el Presidente y, por lo tanto, responde políticamente al gobierno de turno. Por ese motivo, la OA no cuenta con la autonomía funcional ni autarquía presupuestaria necesaria, y su rol suele verse limitado por decisiones políticas.
No obstante, como sociedad financiamos a la OA para que, justamente, combata la corrupción. Y en este caso es el propio Presidente el que dio la orden de llevar adelante la investigación.
Por lo tanto, el mandato de la OA es ahora actuar con autonomía y si sus autoridades quieren llevar adelante su tarea con probidad y de forma transparente de cara a la ciudadanía, tiene en sus manos la oportunidad institucional de hacer lo que tienen que hacer.
Para despejar toda duda de corrupción en el escándalo de $LIBRA, la OA tiene plenas facultades para:
– Iniciar una investigación administrativa para analizar si existieron conductas impropias por parte del Presidente u otro funcionario.
– Analizar si se desoyeron alarmas sobre potenciales conflictos de intereses por parte del Poder Ejecutivo.
– Citar a funcionarios a prestar declaración sobre los acontecimientos
– Solicitar información al gobierno sobre reuniones, documentos, llamadas telefónicas, chats, y otras fuentes vinculadas con el hecho.
Pero, además, la OA podría pedir ser querellante en la causa que se abrió en la Justicia. En otras ocasiones, la participación de la OA como querellante ha dinamizado el desarrollo de causas de corrupción.
Cuando se trata de escándalos de corrupción -que tanto daño le hacen a la confianza en los gobernantes y a la propia democracia-, no se debe especular y es recomendable redoblar esfuerzos, porque también la lucha contra la corrupción “cuatro ojos ven más que dos”. En función de esas facultades que posee la OA podría:
– Investigar si hubo negociaciones incompatibles con la función pública.
– Investigar si hay relaciones entre los actores de este caso y el financiamiento político.
– Citar a las personas involucradas en el caso: a los desarrolladores del software, a quienes lanzaron la moneda virtual, a la gente supuestamente estafada, a testigos, etc.
– Pedir información a organismos de otros países donde se estén realizando investigaciones sobre el mismo caso.
– Recibir información de particulares, inclusive resguardando la reserva de la fuente.
Todo ello sería de mucho beneficio en generar conclusiones sobre el caso y eventualmente aportarlas a la Justicia. Y por todo lo dicho, sería fundamental que la OA realizara todas estas acciones de manera abierta y transparente de cara a la ciudadanía, generando información y publicándola de manera periódica.
La OA puede aprovechar las ventajas que le dan sus facultades formales y su flexibilidad y rapidez para la acción a la hora de encarar las investigaciones. El desafío de la Oficina Anticorrupción es mostrar su relevancia y su razón de ser. El desafío de la democracia argentina es demostrarle a la ciudadanía que la clase política y quienes ejercen cargos públicos no buscan, sistemáticamente y sin excepción, esconder la corrupción y barrerla debajo de la alfombra. ¿Lo hará?