Reforma política y soberanía: Poder Ciudadano alertó en Diputados sobre los riesgos para la democracia y la libertad de expresión
29. 10. 2026
En el marco del debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsada por el Poder Ejecutivo, Poder Ciudadano advirtió sobre la inclusión de figuras penales ambiguas que amenazan el debate público, los procesos electorales y la labor de la sociedad civil.
Este 27 de octubre de 2026, Poder Ciudadano participó en la reunión plenaria de comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para presentar sus observaciones sobre los artículos vinculados a la reforma política e institucional que contiene el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En su intervención, Martín D’Alessandro, presidente del Consejo de Administración de la Fundación, remarcó la importancia de resguardar el régimen democrático y señaló que, si bien la protección de la seguridad nacional constituye un fin legítimo, dicha tutela no debe avanzar sobre garantías fundamentales como los procesos electorales, la formación de la opinión pública y la libertad de expresión.
Uno de los señalamientos más críticos se vinculó con la propuesta del proyecto de ley de incorporar al Código Penal del Artículo 225 bis, el cual sancionaría las «campañas de injerencia extranjera» con penas de prisión efectiva de 3 a 12 años. Según explicó D’Alessandro, el articulado presenta amplias imprecisiones al no definir con claridad qué constituye una «campaña», cuándo se considera «sostenida en el tiempo» o bajo qué criterios se determina que se afecta «sustancialmente» la voluntad política de la población. «Todas estas dudas surgen porque el proyecto prevé un tipo penal abierto. Es decir, no se delimitan con claridad los actos punibles, porque no se sabe cuál es el delito, ni hay un caso típico (…) Se quiere proteger a la Nación y a la ciudadanía, pero no se sabe de qué peligro”. Asimismo, recordó a la Comisión que el Derecho Penal moderno ha dejado de lado los tipos penales indeterminados, porque generan escenarios de discrecionalidad excesiva que resulta contraria al principio de legalidad.
Por otro lado, al analizar la prohibición del financiamiento extranjero para actividades de campaña o propaganda electoral, advirtió que la redacción propuesta coloca bajo sospecha el trabajo técnico e institucional que llevan adelante las organizaciones de la sociedad civil mediante fondos de Cooperación Internacional. «Una fundación que lleva adelante proyectos financiados por Embajadas para la mejora de la calidad institucional y de la transparencia electoral (…) ¿está actuando ‘bajo financiamiento extranjero’ y es por lo tanto un agente que debe quedar bajo sospecha de ser una amenaza a la soberanía argentina? Yo diría que no, pero para el texto sí».
D’Alessandro señaló que la sola amenaza de investigación o sometimiento a proceso penal genera un inmediato efecto inhibitorio sobre el debate ciudadano: «La eventual acusación y sometimiento a proceso en cualquiera de estos múltiples y mal definidos delitos ya constituye un perjuicio para el particular y para el conjunto de la ciudadanía, que obviamente se va a autocensurar de una manera previsiblemente notoria. Va a tener miedo ya no solo a criticar una acción gubernamental, sino miedo a ir a la cárcel por informar sobre algo o por querer simplemente mejorar la democracia de su país».
Finalmente, indicó que la propuesta legislativa parecería omitir algunos de los consensos globales existentes sobre las verdaderas formas de injerencia electoral externa. «Tampoco parece completo el abordaje del tema de la injerencia extranjera en las cuestiones electorales si no se incluye, como no lo hace el proyecto, el principal problema: la manipulación o injerencia digital en las redes sociales, o la recopilación o venta de datos personales para generar anuncios o inundar las redes con mensajes personalizados y dirigidos a las vulnerabilidades específicas de cada usuario».
Poder Ciudadano concluyó su participación instando a las y los integrantes de la Cámara de Diputados a reconsiderar el texto de estos artículos, garantizando que el debate sobre la seguridad nacional no termine menoscabando las libertades ciudadanas ni criminalizando actividades habituales del sistema democrático.
Aquí se puede acceder a la intervención de Poder Ciudadano
