El Congreso de la Nación sancionó finalmente una ley de acceso a la información pública. Esta es una buena noticia que estábamos esperando hace más de 15 años, y que ubicará a Argentina en el concierto de naciones que garantizan que cualquier ciudadano puede pedir al Estado información y éste está obligado a dársela. El gran paso, además de tener una ley, es que ella alcanza no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial, órganos que sistemáticamente se niegan a entregar información.

El desafío a partir de hoy es que cada uno de los funcionarios de los tres poderes entienda  que cualquier tipo de información, que circunstancialmente está en sus manos, en realidad le pertenece a los ciudadanos. Por qué decimos esto, porque en nuestro país no alcanza con leyes para garantizar derechos, y a pesar de que el derecho de acceso a la información ya está reconocido por nuestra constitución, y que la justicia lo ha dicho en reiteradas oportunidades, todavía existen funcionarios públicos que se niegan a reconocerlo. Esperamos que esta ley ayude en este sentido.

A partir de ahora la reglamentación y aplicación de la norma irán mostrando la efectividad y la capacidad de la ley para garantizar el derecho. Desde Poder Ciudadano solicitamos que cada uno de los poderes nombre ciudadanos idóneos y con criterios independientes, para dirigir cada una de las oficinas que tendrán a su cargo la responsabilidad de garantizarnos el acceso a la información pública. También esperamos que los criterios para el acceso a la información sean amplios, sin obstáculos, y siempre buscando en primer lugar garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.

Saludamos el reconocimiento a través de una ley de este derecho fundamental, e invitamos a las provincias a que terminen de complementarlo a través de reformas o sanciones de leyes que hagan efectivo el derecho de acceso a la información pública.