Media sanción para la Ley de Acceso a la Información Pública

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública enviado por el Poder Ejecutivo en abril pasado, y que sufrió numerosas modificaciones a partir del aporte de distintas fuerzas políticas y de diversos sectores sociales durante el proceso parlamentario.

El proyecto aprobado contiene avances significativos hacia la vigencia efectiva del derecho a la información pública, reconocido en nuestra Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.

Entre los aspectos destacables, pone en cabeza de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público el deber de brindar información a cualquier ciudadano, sin necesidad de justificar interés alguno. Esa obligación se extiende a entidades privadas que manejen fondos públicos, a empresas concesionarias de servicios públicos, a las sociedades con participación estatal y a otros sujetos. Por otra parte, el Estado queda obligado a implementar políticas de transparencia activa, en línea con la idea de gobierno abierto, según la cual los sujetos alcanzados deberán publicar en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos, información como la siguiente: nómina de autoridades, escalas salariales, presupuesto asignado y ejecutado de cada área, transferencias de fondos, listado de contrataciones y obras públicas, informes de auditorías, permisos y concesiones, declaraciones juradas, entre otras.

Asimismo, crea la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) como organismo dentro del Poder Ejecutivo a cargo de asegurar la correcta implementación de la ley y obligar a los organismos a brindar información cuando se negaran injustificadamente. El proyecto ordena la creación de órganos similares en los otros poderes del Estado. En relación a la AAIP, un grupo de más de 100 organizaciones de la sociedad civil, académicos y periodistas habíamos planteado la necesidad de asegurar condiciones para su independencia, por medio de la intervención del Congreso en la designación y remoción de su titular (ver “El órgano de control de la Ley de Acceso a la Información debe ser independiente”). Durante la sesión de ayer fue modificado el mecanismo de remoción del titular de la AAIP, y se estableció la intervención vinculante de una comisión parlamentaria bicameral. Si bien no hubo cambios en relación a la designación, la modificación introducida representa un avance para la independencia de la AAIP y una mejora sustantiva del dictamen inicialmente aprobado en comisión.

Sin embargo, vemos con preocupación la incorporación a último momento del inc. “m” al artículo 8 del proyecto sobre el régimen de excepciones, que deja fuera del alcance de la ley a la “información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública”. Esta regulación resulta inconstitucional, en tanto excluiría a importantes empresas con participación estatal, como YPF, sobre la que la Corte Suprema reafirmó en un reciente fallo que se encuentra alcanzada por la obligación constitucional de proveer información. En consecuencia, celebramos el avance de la discusión sobre el acceso a la información pública en Argentina y esperamos contar pronto con una ley nacional acorde con los estándares internacionales y constitucionales sobre la materia.