Cláusulas de confidencialidad en los contratos de vacunas vs. acceso a la información pública

19. 04. 2021

Buenos Aires, 19 de abril de 2021.- La situación de emergencia sanitaria, social y económica producida por la pandemia por COVID-19 empuja a los Estados desde hace ya más de un año a adoptar medidas urgentes, por fuera de las prácticas y procedimientos constitucionales y legales habituales. Como viene sosteniendo Poder Ciudadano, el control y la transparencia son esenciales para evitar que la emergencia dé lugar a hechos de corrupción y prácticas que atenten contra los derechos de las personas. 

Si bien son los Estados los principales responsables de cumplir con estos estándares mínimos, es necesario un esfuerzo compartido por parte de todos los sectores. Por ello, las empresas farmacéuticas, junto con la enorme responsabilidad que tienen de desarrollar vacunas contra el COVID-19, tienen el deber de hacerlo en un marco de pleno respeto por los derechos humanos, respetando las legislaciones de los distintos países con los que comercializan, y no, por el contrario obligando a los gobiernos a adaptar su legislación a sus intereses particulares.

Muchas de estas empresas suscribieron o se adhirieron a estándares internacionales de protección de derechos humanos, desarrollo sostenible y lucha contra la corrupción. La adhesión a estos estándares y principios carece de sentido y pierde credibilidad cuando las empresas, a la hora de negociar con los gobiernos de los países, deciden hacerlo en un ámbito de secretismo y oscuridad, impidiendo el acceso a la información sobre esos acuerdos. Especialmente, cuando se trata de la adquisición de vacunas para hacer frente a una crisis sanitaria, social y económica global. 

Desde Poder Ciudadano instamos a las empresas farmacéuticas a respetar el derecho fundamental de acceso a la información pública, así como implementar medidas y políticas que garanticen la transparencia e integridad de sus negociaciones con los gobiernos, colaborando con el acceso equitativo a las vacunas para mitigar el impacto a la salud y la economía provocado por la pandemia.

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