Comunicado de Poder Ciudadano en relación con el caso de Correo Argentino SA
9. 02. 2017
Buenos Aires, 9 de febrero de 2017.- Desde Poder Ciudadano consideramos que la aceptación por parte del Estado Nacional de la propuesta realizada por Correo Argentino SA, podría configurar una serie de irregularidades y, eventualmente, delitos contra la Administración Pública. Esto exige que los distintos poderes del Estado tomen un rol central, no sólo para proteger los intereses de la sociedad, sino también para evitar que el interés individual de algunos funcionarios prevalezca por sobre el interés general, produciendo así un irreparable perjuicio para el Estado.
Según surge del concurso preventivo de Correo Argentino SA, las particularidades de los acontecimientos hacen sospechar sobre la legalidad del acuerdo al que arribaron la empresa y el Estado Nacional. En efecto, y como es de público conocimiento, la empresa no sólo pertenece al padre del Presidente de la Nación, Franco Macri, sino que el hoy titular del Poder Ejecutivo, durante el 2009 “se desprendió de su participación accionaria transfiriéndola a nombre de sus hijos”, por lo que la totalidad del paquete accionario de la firma queda bajo la titularidad de la familia Macri.
En el caso se habrían dado determinadas situaciones que ponen en duda la legalidad del acuerdo:
• La aprobación de una propuesta que implicaría, según la fiscal, pagar menos del 2% de lo que la empresa adeuda al Estado Nacional, hace sospechar la existencia de potenciales irregularidades en las negociaciones y su posterior aceptación, más cuando la empresa pertenece al entorno familiar directo del Presidente de la Nación.
• La aceptación de la propuesta por parte de un funcionario designado con carácter transitorio y que no tendría las competencias necesarias para tal decisión.
• No existirían constancias de una autorización expresa por parte del Procurador del Tesoro de la Nación para aceptar la propuesta elaborada por la empresa.
Estos tres puntos son situaciones que arrojan un manto de sospecha sobre el accionar de los funcionarios intervinientes, agravado por el hecho de pertenecer al Poder Ejecutivo Nacional.
En definitiva, el caso reviste suma trascendencia para la ciudadanía, ya que no sólo está en discusión el uso de los recursos del Estado, sino también por la existencia del riesgo de un beneficio indebido para la familia del Presidente de la Nación. Ante esta situación, Poder Ciudadano considera que todos los poderes del Estado tienen un rol vital en el control de los actos de gobierno a fin de evitar que se produzcan irregularidades en perjuicio del patrimonio público. Por eso, reclamamos la urgente intervención de la Oficina Anticorrupción, órgano de aplicación de la Ley Nacional de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, a fin de iniciar las investigaciones necesarias para determinar si se produjo una violación de los principios de dicha Ley y, eventualmente, la comisión de algún delito. Por otra parte, y teniendo en cuenta el rol del Poder Legislativo en nuestro sistema democrático como agente de contralor de los actos del resto de los poderes públicos, es imperioso que este cuerpo realice un estricto seguimiento del caso, con el objetivo de velar por los intereses del Estado, evitando que el accionar de determinados funcionarios produzca un perjuicio a los recursos que pertenecen a la ciudadanía en su conjunto.
