Defensoría del Pueblo de la Nación: una propuesta de evaluación de las candidaturas presentadas
23. 10. 2025
En el marco del proceso de selección iniciado por la Comisión Bicameral del Congreso para designar a la autoridad de la Defensoría del Pueblo, ACIJ, Amnistía Internacional, CELS, FARN y Poder Ciudadano presentamos un documento con criterios para garantizar que la persona elegida tenga probada idoneidad moral, trayectoria en la defensa de los derechos humanos e independencia.
La Defensoría del Pueblo de la Nación es una de las instituciones más relevantes de nuestro sistema constitucional. Tiene un rol esencial en el control del poder público y en la defensa de los derechos humanos, y cuenta con una pluralidad de funciones: puede actuar preventivamente, fiscalizar la actuación de los órganos estatales, recibir denuncias de la ciudadanía e instar investigaciones y procesos judiciales en tutela de los derechos que se hallen en juego en cada caso.
A pesar de su relevancia, desde 2009 se encuentra acéfala, lo cual ha disipado su capacidad de actuación y debilitado los mecanismos de rendición de cuentas de las diversas gestiones de gobierno. La Defensoría del Pueblo de la Nación ha funcionado por 15 años y ha estado acéfala por otros 16.
El pasado 11 de septiembre la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación dio inicio al proceso de selección de su autoridad, el cual previó distintas etapas: una primera fase de presentación de postulaciones, seguida por un período de impugnaciones y adhesiones, y finalmente uno de preselección de los candidatos y candidatas que deberán exponer su plan de gestión ante la Comisión Bicameral. Con todo ello, la Comisión emitirá una resolución en la que proponga de una a tres personas al plenario de las Cámaras, las que deberán reunir una mayoría de dos tercios para designar a alguna de ellas.
A diferencia de otros procedimientos de designación, este no cuenta con criterios claros de evaluación ni con un sistema de concurso formal. En este contexto, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Poder Ciudadano presentamos un documento dirigido a los legisladores y legisladoras que busca aportar claridad sobre el perfil que debe reunir quien encabece la institución y brindar insumos que permitan evaluar a las y los postulantes que se presentaron en este proceso.
El material propone criterios de evaluación para definir si las candidaturas presentadas reúnen los requisitos de idoneidad moral, trayectoria en la defensa de los derechos humanos e independencia, y así asistir al Congreso en esta importante labor, que debe guiarse por criterios objetivos y no por preferencias político-partidarias.
Accedé acá al documento.
