A pesar de un pedido de información realizado por Poder Ciudadano, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se negó a hacer público el registro de las audiencias que mantuvieron sus integrantes.
En el mes de julio de 2019, Poder Ciudadano hizo un pedido de acceso a la información pública a la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando los registros de audiencias que mantuvieron cada uno de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indicando el nombre y apellido del visitante, el destino de la visita, el edificio donde ingresó, así como la fecha y hora de dichos ingresos. Sin embargo, el Tribunal rechazó hacer pública esa información justificando que “no se encuentra obligado legalmente a producir los registros solicitados”.
No obstante, el pedido no hacía alusión a la producción de información nueva, sino al derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía sobre las reuniones de los/as funcionarios/as. Información que un organismo público como la Corte Suprema Nacional de Justicia debería tener en sus registros por ser una actividad competente y diaria de los integrantes del Tribunal, y es por esta misma razón, que asimismo deberían ser parte de un registro público.
Ante esta instancia, se realizó un reclamo al Presidente de la Corte Suprema, el Dr. Carlos Rosenkrantz, para que arbitre los medios necesarios para garantizar el acceso a la información solicitada ya que “es clara la obligación de responder a los pedidos de información brindando los datos con los que el organismo cuente, no pudiendo excusarse en que estos no estén clasificados de la forma solicitada sino debiendo entregar los soportes necesarios para que el consultante pueda hacerse de los datos deseados”.
En este sentido, las excepciones al ejercicio del derecho al acceso a la información pública deben haber sido previamente establecidas por una ley en sentido formal, perseguir el interés público y resultar necesarias en una sociedad democrática para alcanzar dicha finalidad. A pesar de estos fundamentos, los Ministros miembros de la Corte Suprema no hicieron lugar al reclamo interpuesto, y negaron publicar la información sobre sus audiencias.
¿Por qué es importante saber con quiénes se juntan los/as funcionarios/as públicos?
Las reuniones que mantienen los/as funcionarios/as públicos/as en ejercicio de sus funciones tienen gran impacto en las decisiones políticas y en la sociedad y, por ello, es fundamental controlar estos actos. Por esta razón se vuelve necesario avanzar con medidas que comiencen a regular el lobby en la política nacional. El lobby (reuniones de gestión de intereses) es una actividad legal que permite enriquecer el debate público. Sin embargo, sin un marco jurídico adecuado, existen posibilidades de que se cometan actos de corrupción y cooptación de voluntades por parte de grupos poderosos que buscan avanzar con sus intereses políticos, económicos o sociales.