Organizaciones miembro de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto denuncian que el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo viola los compromisos asumidos por Argentina en Alianza para el Gobierno Abierto y solicitan al Congreso de la Nación que ponga en marcha un proceso transparente y participativo que permita evaluar los antecedentes y méritos de los candidatos propuestos.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, en su carácter de miembros de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto (integrada por ocho representantes del Gobierno Nacional y de organizaciones de la sociedad civil), enviaron una nota a la Presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo, Senadora Marta Varela, a los fines de informarle de los compromisos asumidos por Argentina en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y para transmitirle su preocupación porque el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo de la Nación desconoce principios fundamentales a los que el Gobierno Argentino suscribió al adherir a dicha plataforma global.
Durante los días 21 y 22 de noviembre próximo, nuestro país será anfitrión de la Cumbre Regional de las Américas de la Alianza. La AGA es una iniciativa multilateral integrada por 73 países que busca asegurar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la buena gobernanza. Como miembro de la Alianza, nuestro país adhirió a la Declaración de Gobierno Abierto y en consecuencia se comprometió, entre otras cosas, a “hacer más transparentes la formulación de políticas y la toma de decisiones, mediante el establecimiento y el uso de vías para solicitar la opinión del público, y el aumento de la participación del público en la realización, el seguimiento y la evaluación de las actividades gubernamentales”.
Las organizaciones advierten que un hecho de semejante envergadura para la protección de los derechos de los ciudadanos como la selección del Defensor del Pueblo, no puede llevarse adelante mediante un proceso que desconoce los más elementales principios de transparencia y participación de la ciudadanía, en contradicción con el espíritu mismo de la política de Gobierno Abierto.
En la carta destacan los requisitos que la Constitución y los estándares internacionales exigen que cumpla el Defensor del Pueblo y la necesidad de que un proceso participativo, abierto y transparente permita evaluar los antecedentes y méritos de los candidatos. Sin embargo, los reclamos que decenas de organizaciones vienen haciendo desde hace años[1] no fueron atendidos y la Comisión decidió elevar una terna de candidatos al Congreso de la Nación sin ningún proceso de consulta previa a la ciudadanía, sin explicitar los motivos de la selección ni valorar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad, trayectoria e independencia por parte de dichos candidatos.
Por esos motivos, solicitaron a la Sra Presidente de la Comisión Bicameral que deje sin efecto las medidas adoptadas en el marco del proceso para la designación del Defensor del Pueblo, y ponga en marcha un mecanismo que cumpla con los estándares internacionales en la materia y que honre los compromisos asumidos por nuestro país como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto.
1 http://acij.org.ar/55-organizaciones-piden-al-congreso-por-la-designacion-del-defensor-del-pueblo/ http://poderciudadano.org/aportes-para-la-regulacion-del-proceso-de-designacion-del-defensor-del-pueblo-de-la- nacion/