Ruido y Poder Ciudadano relevaron datos en las legislaturas de las 23 provincias más CABA. Casos, historias e irregularidades detectadas. Un Informe basado en evidencias de lo que «se sabe pero no se ve».

En septiembre de 2023 estalló el escándalo de Julio “Chocolate” Rigau, por el cobro y retención de los sueldos de al menos 49 personas registradas como empleadas en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Fundación Poder Ciudadano fue aceptada como querellante en esa causa donde los límites entre el delito de un particular, el financiamiento ilegal de la política y el uso indebido de recursos públicos se muestran claramente difusos.

Es vox populi que no es un caso aislado. Pero ¿Cómo saber cuántos otros casos “Chocolate” existen en los poderes legislativos locales? ¿Qué grado de transparencia existe en los 24 distritos subnacionales? ¿Qué arrojan esos datos que son centrales para tener certezas y no intuiciones sobre el funcionamiento de uno de los poderes del Estado?

Con el objetivo de responder estas preguntas, Poder Ciudadano y Ruido (la red federal de periodistas de investigación) decidimos llevar a cabo un relevamiento en cada una de las legislaturas subnacionales.

La investigación comenzó en febrero de 2024, con la presentación de pedidos de acceso a la información en cada lugar, en los que se requería a cada Legislatura local datos sobre cantidad de personal, niveles salariales, registros de asistencia o gastos reservados, entre 31 ítems necesarios para que la ciudadanía conozca cómo se utilizan los recursos en estas áreas.

Los resultados obtenidos permiten trazar un panorama sobre el nivel de transparencia que impera en las provincias argentinas, a la vez que se revelan casos e historias que ponen en cuestión el funcionamiento y el control en algunos de los recintos provinciales, y plantean la necesidad de reforzar aspectos de un poder clave del Estado para la ciudadanía y para asegurar la calidad democrática.

Y ¿Qué nos dijeron los resultados obtenidos?

Que el escenario es aún más opaco que lo que los primeros acercamientos podían anticipar. El secretismo, la falta de controles y la casi ausencia de transparencia activa, campean en la mayor parte de los poderes legislativos locales.

Que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en este contexto, un instrumento de vital importancia para recordarles a los poderes legislativos que la transparencia no es un lujo, es una obligación de nuestros representantes. Y cuando no hay transparencia y estalla un escándalo, el costo es alto para las instituciones, para la ciudadanía y para quienes ejercen cargos electivos. A estos últimos, esto debería interesarles.

El Informe completo, con los datos generales y el detalle de la situación de cada una de las 24 jurisdicciones analizadas, se encuentra aquí.

La presentación realizada el 12 de junio de 2024 con la participación de representantes de la Cooperación Internacional e instituciones especializadas en el tema, periodismo y organizaciones de la sociedad civil, se puede encontrar aquí.